A dos metros bajo tierra. Reflexiones sobre la huelga de metro

Contextualización

• Plan de ajuste.

El 12 de mayo el Gobierno de Zapatero aprueba en el Parlamento el llamado plan de ajuste (Real Decreto Ley 8/2010) que, de la noche a la mañana, dinamita el acuerdo salarial para los funcionarios, rebajando sus sueldos un 5% de media y congelando sus nóminas para el año 2011. Además, congela las pensiones, dificulta la jubilación parcial, elimina derechos, reduce inversiones, etc.

Ante este brutal ataque, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT), convocan con la boca pequeña una huelga de funcionarios para el 8 de junio, en vez de la necesaria movilización general para echar atrás esta agresión sin precedentes.

El 10 de junio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anuncia una Ley (4/2010) con la intención de adaptar las medidas del plan de ajuste de Zapatero. Es esta ley la que golpea de lleno a los trabajadores de Metro, pretendiendo reventar el convenio colectivo 2009-2012, reduciendo para este año el 5% de los salarios ya pactados.

Por si todo esto fuese poco, el 17 de junio el Gobierno de Zapatero publica la reforma laboral que habían estado a punto de “acordar” los sindicatos con la CEOE (Real Decreto Ley 10/2010): otra agresión sin precedentes a los convenios y a los derechos de los trabajadores.

Las huelgas “xenófobas” de la refinería de Lindsey (Inglaterra)

A finales del mes de enero de 2009, los obreros de la refinería de petróleo de Lindsey, Inglaterra (LOR, Lindsey Oil Refinery) tomaban las calles ilegalmente en una huelga salvaje (de las que tanto solemos hablar y que tanto deseamos ver) que fue rápidamente tachada de xenófoba. Todo empezó cuando la compañía italiana IREM había sido contratada por Total, la propietaria de LOR, para la construcción de una unidad de desulfuración en la refinería. En el concurso para la adjudicación del contrato también participaron cinco empresas de Reino Unido y otras dos europeas Para llevar a cabo los trabajos, IREM empleó a sus propios trabajadores italianos y portugueses: unos 400 empleados propios que, según el Morning Star (5 de febrero de 2009), no están sindicalizados y que eran alojados en una barcaza en malas condiciones. Esto enfadó a los trabajadores empleados en el sitio, de distintas empresas pero todos pertenecientes al convenio británico de la construcción NAECI (National Agreement for the Engineering Construction Industry) –el Libro Azul-, que vieron cómo los puestos de trabajo que esperaban ocupar iban a parar a otros trabajadores del continente contratados con peores condiciones laborales con la excusa de que no había “suficientes trabajadores cualificados británicos”. La huelga, que pronto recibió el apoyo –y el control[1]- del sindicato más grande de Reino Unido, Unite, evidenció la debilidad del “movimiento anticapitalista” y dividió a la izquierda británica. Por un lado, quienes simpatizaron con los huelguistas y comprendieron sus razones. Por otro, quienes se apresuraron a desacreditarlos por “xenófobos”. La razón de la polémica es evidente, aunque analizando las razones de la huelga con algo más de paciencia y profundidad, parece claro que ciertas posiciones parten de análisis muy superficiales y se podría decir que son fruto de la descarga de argumentos fáciles que pudieron leerse en los medios de comunicación, así como de la propaganda incesante del Gobierno de Gordon Brown (Primer Ministro británico), que aprovechó el énfasis de los medios en la supuesta xenofobia de las protestas para poner a todo el mundo contra los obreros de Lindsey, dejando a un lado el aprovechamiento por parte de la empresa francesa Total de la falta de restricciones en la Unión Europea para contratar trabajadores portugueses e italianos y llevarlos a una refinería inglesa a trabajar fuera de convenio[2].